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Crean Red Justicia BC para incidir en mejor acceso a justicia penal en coordinación con México Evalúa

Por: Crisstian Villicaña

En el Estado el flujo migratorio de connacionales como personas extranjeras es constante, en especial en Tijuana y Mexicali.

Esta población es vulnerable a distintos delitos en territorio nacional, no obstante, es reducido el número de casos que llegan a las fiscalías u otras instituciones de justicia.

Ante esta y otras situaciones, se creó la Red Justicia Baja California, con el fin de incidir en un acceso a la justicia penal apropiado y apegado a derecho para las personas en tránsito.

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“En México Evalúa identificamos la necesidad de abrir el sector justicia para que más actores de la sociedad civil se involucren y participen en las decisiones, políticas y asuntos en materia de justicia penal a nivel nacional y local”, comentó Jorge Carbajal, representante del programa de justicia de México Evalúa, organización coordinadora de esta iniciativa en Baja California y otras ocho entidades del país. 

Durante la presentación de Red Justicia Baja California, José Carlos De Arcos, coordinador local del Programa de Justicia de México Evalúa y Roberto Quijano Sosa, Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, expusieron los temas de la agenda ciudadana de justicia penal que se están impulsando: 

  • Acceso a la justicia de personas en contexto de movilidad
  • Mejoramiento de los mecanismos y procedimientos para la denuncia
  • Seguimiento al programa de persecución del delito
  • Capacitación y supervisión de facilitadores en materia de justicia alternativa
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“La vida de una persona en contexto de movilidad es más bien como fantasma, ellos y ellas prefieren no ser visibles porque tienen miedo de que las interacciones que tienen con las autoridades les produzcan deportaciones y esto es, sobre todo en Tijuana, igual en Mexicali”, comentó la directora de Alma Migrante, Graciela Zamudio.

La defensora de los migrantes precisó que son dos propuestas las que su asociación aporta a la Red Justicia Baja California.

La primera gira en torno al complicado acceso que tienes las personas en tránsito para acceder a un intérprete, siendo esta una constante muy común para que la impartición de justicia no se concrete.

Si bien, en la entidad hay 80 intérpretes autorizados, el problema radica en que el Estado, en ocasiones no les paga a éstos cuando se trata de audiencias inmediatas.

“Fiscalía momentos antes de que yo le agende la audiencia me dice que (el involucrado) habla maya tzeltal y la audiencia es en una hora, entonces el problema es conseguir en un lapso de tiempo corto quién pueda atender, porque yo te hablo ti (intérprete) y te digo, me puedes ayudar a interpretar (y dicen) para el Poder Judicial ando ocupado, no hay un rezago… sino que no tiene una retribución y nadie quiere regalar su trabajo”, advirtió Christian Vázquez, administrador judicial del Sistema de Justicia Penal Oral Zona Costa.

Además, se busca que la población migrante conozca los derechos a los que pueden acceder cuando les toca presenciar un delito o, por el contrario, ser víctimas de uno; una tarea que tienen que desarrollar las instituciones judiciales.

En ese sentido, los robos, crímenes, trabajo forzado, secuestro, trata de personas, son los actos ilegales que más sufre la comunidad en contexto de movilidad.

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“En el caso en que las personas han sido víctimas de un delito tienen derecho a regularizarse y esto es fundamental que la gente lo sepa… Si las personas supieran que está es una vía de regularización, seguramente también se abrirían y se empoderarían para hacer denuncia sobre los delitos de los que han sido víctimas y testigos en el territorio nacional”, expuso la directora de Alma Migrante, Graciela Zamudio.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Alma Migrante, la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, en coordinación con México Evalúa, son los que integran la Red Justicia Baja California.

La entidad se une a otras ocho redes que ya operan en Ciudad de México, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Tabasco, Nayarit y San Luis Potosí.

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