*Expuso ante periodistas su estrategia en materia de seguridad basada en el combate y la prevención del delito

El candidato del PBC a gobernador del estado, Carlos Atilano Peña, propuso armar a la sociedad para abatir la delincuencia que ha escalado a niveles nunca antes vistos ante la desatención y la incapacidad manifiesta del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, y al referirse al decreto de expropiación del Campestre, indicó que es inconstitucional y por lo mismo está condenado al fracaso.

Durante la sesión semanal de la Asociación Nacional de Periodistas (ANPAC), Atilano Peña dijo que no se trata de que los ciudadanos se hagan justicia por mano propia, sino simplemente que se les den más facilidades para que en sus domicilios y en sus negocios puedan tener un arma para su defensa propia.

Señaló que adicionalmente, podrían poner en sus casas y empresas letreros en donde se advierta que cuentan con autorización para la portación de armas, lo que de manera adicional inhibiría a los delincuentes, pero insistió en que se ha llegado a la necesidad de tomar medidas drásticas ante la desatención y la incapacidad del gobierno por brindar seguridad a sus ciudadanos.

Informó que entre el 2008 y 2015, la SEDENSA autorizó solamente 411 permisos de portación de armas, cuando ingresan al país 450 armas diarias y se estima que existen 10 millones circulando a lo largo y ancho de México, pero en poder de la delincuencia organizada por lo que urge que la sociedad se arme.

Carlos Atilano Peña planteó ante los periodistas su programa en materia de seguridad, de alcanzar el triunfo electoral el 6 de junio próximo y dijo que se basará en la prevención a través de la creación de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y una Policía Estatal Ciudadana (PECI) junto con otras estrategias que incluyen el uso de altas tecnologías, además de una lucha frontal contra la delincuencia, totalmente contraria a la política de “abrazos no balazos” que envía el mensaje de que en México se solapa a los delincuentes.

Manifestó que su gobierno realizará una reingeniería total de la administración estatal, pues son necesarias varias secretarías que Bonilla desapareció o concentró en una sola para darle poder a un pariente suyo, y abrogará decretos que se hicieron por capricho o para beneficiar a determinadas personas como la modificación a la ley para darle el cargo de fiscal a su compadre.

Y se refirió al decreto para la expropiación del Club Campestre de Tijuana del que dijo, es inconstitucional pues no se demuestra el interés público y no considera la indemnización a sus propietarios.

Destacó que si tanto le urge dotar a Tijuana de un pulmón urbano, ahí está el parque Morelos, desatendido y mutilado en las últimas administraciones, incluyendo la actual, para destinarse parte de su extensión a negocios particulares.

Carlos Atilano Peña previó que este decreto, al igual que muchas otras acciones de la actual administración, como la donación del Centro de Gobierno, serán echados abajo con estricto apego a derecho, y si no, “serán revertidos en nuestra próxima administración”.

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